Relaciones establecidos en el derecho deportivo – Cathedra Juridica

Presentación del Dr. Mario Tarrío (directivo de la publicación):

Continuando con la labor emprendida en el año 2007 juntamente con la Editorial Cathedra Jurídica y la Facultad Abierta Interamericana, compone este tercer volumen una secuencia de trabajos sobre temas de Derecho Procesal Penal, mucho más exactamente, sobre puntos referidos a la prueba en materia procesal penal.

A solicitud de los directivos de la Editorial hemos plasmado en estos trabajos la investigación sobre diferentes puntos de la prueba en materia penal, siempre y en todo momento refiriéndonos a la relación Constitución Nacional – Código Procesal Penal de la Nación, y se han escogido -arbitrariamente, como es natural, pues son considerablemente más los que ya están- ciertos enfrentamientos producidos en la interpretación entre las dos reglas.

Quienes estamos trabajando en este tomo III de Debates en torno al Derecho Penal, comprendemos que el análisis de la prueba en materia penal habrá de ser, siempre, homónimo de garantía y, por este motivo, de respeto a las cláusulas constitucionales.

El orden de prelación de publicación de los trabajos responde únicamente al mismo tiempo de su presentación, no significando ello ninguna primacía de unos respecto de los otros, y cada creador ha forjado su iniciativa central atendiendo a las pautas citadas precedentemente.

El primer trabajo, siguiendo este orden, me forma parte y en él he creado en forma general y breve el régimen sobre la Teoría de la Prueba en Materia Penal.

Después de llevar a cabo un comprendio de las peculiaridades de los diferentes Sistemas Procesales, he compendiado ciertas definiciones del término prueba», ofertando la que, creo, es la mucho más correcta. Después de ello, sigue el trabajo con la mención de los medios de prueba regulados por el Código de manera de la Nación y otros que, más allá de que no sistematizados a nivel local, sí son admitidos internacionalmente, a entender: el rastro, la presunción legal y judicial, la prueba reportaje y la prueba informativa.

El segundo trabajo le forma parte a María Susana Ciruzzi y tiene relación a la prueba de registro domiciliario y a la creencia, por la parte de ciertos jueces y dogmáticos, de que esa garantía significa un «obstáculo a la investigación penal».

La autora apunta la vieja -y de hoy- dicotomía entre seguridad ciudadana -por una parte- y derecho y garantías -por el otro-, y centra su atención, en primer término, en la inviolabilidad de la propiedad, examinando la relevancia del permiso prestado para una inspección o requisa domiciliaria a los objetivos de saber su validez.

Seguidamente, se refiere a la garantía de la defensa en juicio y examina la coyuntura de falta de presencia de un letrado defensor instantaneamente de la indagatoria, proponiendo la nulidad de semejante acto si no se cumple con esta garantía constitucional.

Se añade ahora un trabajo de Verónica Tarrío Suárez, diplomada en Psicología, quien da una visión de la prueba pericial sicológica desde la perspectiva de su especialidad, examinando el estudio, la explicación y la evaluación de esos fenómenos sicológicos, conductuales y relacionales que influyen en el accionar legal de la gente, donde se usan métodos propios de la Psicología Científica, y los equipara con el campo jurídico.

El análisis lo realiza sobre casos de abuso sexual infantil y el llamado Síndrome de Alienación Parental, usado como una manera de justificar presuntas maniobras de manipulación de los pequeños por la parte de ciertos progenitores contra el otro.

Ahora se añaden 2 trabajos sobre: El valor probatorio de las grabaciones y grabaciones en el desarrollo penal, de Carlos Alberto Carbone, y la Prueba de registro de las comunicaciones (fallo «Halabi»), de Juan Manuel Soria y María Celeste Hernández.

En el primer trabajo su creador realiza un mucho más que atrayente análisis sobre la oportunidad de incorporación de esos medios no escritos ni orales como prueba reportaje, puesto que ellos no fueron fijados por el Código de manera. Apunta que la grabación, aparte de su ofrecimiento como prueba reportaje, precisa de una inspección judicial y, consecuentemente, resulta al cargo de la parte inculpadora la prueba de la vericidad de la cinta y de la transcripción.

Concluye Carbone señalando que la doctrina alemana mantiene que, como los particulares no son los sujetos referidos y abarcados por la regla procesal respecto de la legimitad o no del medio, de entrada son valorables, con la restricción para casos extremos de violación de los derechos humanos. Y en este supuesto, cree que si se consigue una grabación aceptando un hecho preciso bajo tortura o grabaciones o fotografías que afecten por servirnos de un ejemplo, la privacidad o bajo coacción con empleo de armas o algún otro medio comisivo grave, serían la salvedad a esta regla.

Por su lado, Soria y Hernández examinan, en armonía con Carbone, la doble visión en crisis, o sea, cuáles son los estándares actuales para integrar esa información de forma lícita a un desarrollo penal sin vulnerar garantía alguna.

Después de investigar el fallo «Halabi» y otros antecedentes jurisprudenciales, los autores ofrecen que los operadores judiciales procedan bajo el mayor nivel de efectividad viable sin desmedro del respeto a garantía individual alguna.

Después de estos trabajos podemos encontrar el de Gonzalo Tarrío Suárez sobre la validez como prueba de la declaración testimonial del agente encubierto, a la luz de lo sosprechado por la ley 23.737, cambiada por la ley 24.424.

Expresa el creador que la Corte Suprema ha resuelto que la designación judicial del agente encubierto no es por sí sola violatoria de los ordenamientos constitucionales, demandando que el accionar del agente se sostenga en los principios del Estado de Derecho, debiendo desechar esos actos en los que este actúe como instigador de la acción habitual, especialmente si no ha incidido en el avance de los hechos y su actitud fué únicamente pasiva, absteniéndose de ir alén de lo autorizado por el juez.

Apunta que la jurisprudencia admite dar valor probatorio a los estos de los agentes enmascarados, pero demandando que se cumplan 2 requisitos: 1) que el accionar del agente se sostenga en los límites del Estado de Derecho

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