Tipificación de la infracción administrativa

Estudios sobre el principio de legalidad en el derecho administrativo sancionador

$2.100,00


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Prólogo
Introducción
Capítulo I: Nociones filosóficas y metodológicas
Capítulo II: El debate sobre el delito y la infracción
Capítulo III: Nociones de derecho comparado
Capítulo IV: Mapa de las sanciones en el derecho argentino
Capítulo V: Noción de infracción administrativa en el derecho argentino
Capítulo VI: El principio de legalidad y las infracciones administrativas
Capítulo VII: Tipicidad penal y lex certa
Capítulo VIII: La tipificación administrativa: el tipo infraccional
Conclusiones
Bibliografía y Jurisprudencia

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Detalles del libro

Edición

1

Fecha

ISBN

978-987-3886-71-3

Páginas

228

Tapa

Rústica

Autor

Ascárate, Andrés

Description

Prólogo
I
¿Es posible englobar dentro de una misma categoría jurídica a las innumerables contravenciones que, sin llegar a la entidad de los delitos, se aplican cotidianamente en materia de tránsito, abastecimiento, consumo, salud pública, orden y moralidad, edificación, aduanas, obras sociales, fiscal, bancaria, ambiental y de concesión de servicios públicos, entre otros tantos ámbitos? Y si ello fuera factible desde lo conceptual, ¿es posible establecer principios regulatorios comunes? Estas son preguntas que han dominado a la inasible categoría de la “infracción administrativa”, sobre la que no han podido congeniar administrativistas, penalistas y constitucionalistas.
El derecho penal suele resistirse a considerarlas dentro de su disciplina, generalmente ocupada en los delitos “mayores”; el derecho constitucional suele asumirlas como una manifestación que sólo interesa en la medida en que afecte un derecho humano fundamental o tergiverse el principio republicano de la división de poderes. Por ello, tanto el constitucionalismo como el penalismo ubican a las infracciones administrativas (cuando las ubican) en un lugar marginal de su incumbencia, ofreciendo como criterios regulatorios a los principios generales del derecho o a la analogía.
El derecho administrativo, por su parte, asume que por muy valiosos que sean los aportes de las otras disciplinas, resultan insuficientes para amparar un caleidoscopio de situaciones que, desde su perspectiva, requiere la conformación de un estatuto propio. El optimismo y la tenacidad de quienes conciben un marco regulatorio común es contestado por quienes consideran ―con escepticismo― que un intento semejante no sería sino la expresión jurídica de la ideología dominante sobre la relación entre Sociedad y Estado. Con desconfianza, sostienen que los principios que se enarbolen para unificar el régimen de las infracciones administrativas serían ―en realidad― meras excusas o coartadas (temporarias y cambiantes) destinadas a justificar, según sea el caso, la actividad de un Estado abstencionista o de un Estado intervencionista.
Y se preguntan, en definitiva, ¿a quién le serviría esta tarea de unificación regulatoria? ¿Al Estado, en el sentido de facilitar su tarea, o al individuo, en el sentido de proteger sus derechos?

II
El libro de Andrés Ascárate, que tenemos el placer de prologar, ofrece renovadas respuestas a estas preguntas, demostrando que no son los temas los que se agotan sino los autores que los han tratado. Ascárate entiende que, más allá de la pluralidad que deriva de la casuística, es posible hablar de “la” infracción administrativa en singular, que es necesario avanzar en un estatuto regulatorio específico y que ello habrá de servirle tanto al Estado como a los individuos.
El autor no funda su convicción en quimeras ni en el nudo voluntarismo; su obra asume la problemática con rigor científico y versación académica. No se trata de un trabajo de recopilación de lo que otros han dicho, sino de una investigación que esclarece sobre lo que debe hacerse.
La estructura del libro de Ascárate responde a la lógica de un trabajo de tesis. Discurre desde lo general hacia lo particular, desde lo analítico hacia lo sintético y desde lo descriptivo hacia lo propositivo, tal como debe ser en las obras de su clase. Los dos primeros capítulos nos sitúan adecuadamente en el tema: el Capítulo I ofrece herramientas teóricas indispensables para la comprensión ontológica de la infracción administrativa; el Capítulo II recrea el debate en torno a la especificidad del tema bajo análisis, históricamente disputado entre lo administrativo y lo penal, con la tensión jurídica que se proyecta entre la presunción de legitimidad (en favor del Estado) y la presunción de inocencia (en favor de los particulares); el Capítulo III agrega distintas respuestas que provienen del derecho comparado, útiles para completar una composición de lugar actualizada A partir del Capítulo IV, lo que había sido desarrollado desde una perspectiva dominantemente teórica comienza a tener encarnadura en la realidad argentina; el mapeo de las distintas manifestaciones de la potestad punitiva en el contexto de un Estado federal resulta imprescindible para comprender la complejidad del problema a partir de la heterogeneidad de competencias, órganos encargados de aplicarlas, destinatarios y bienes jurídicos tutelados. El resultado de la investigación en este tópico es inquietante: de veinticinco categorías de sanciones de todo tipo aplicables por el Estado que pueden extraerse de la normativa vigente, sólo un puñado de ellas ―tres, tal vez cuatro― tienen un tratamiento penal, con las seguridades que ello implica en términos de legalidad, tipicidad y garantía del derecho de defensa.
La mayoría de las infracciones, aquellas en las que se puede incurrir diariamente, las más frecuentes, las que se vinculan de modo directo con la vida cotidiana de las personas, carecen de un tratamiento sistemático, unificado y preciso que otorgue previsibilidad a la población.
Desde el Capítulo V hasta el Capítulo XI Ascárate se interna en el tema para retomar la pregunta inicial e intentar responderla:
¿Es posible incluir al caleidoscopio infraccional dentro de un único envase? Y lo más complejo: ¿Es posible establecer principios regulatorios, interpretativos y aplicativos que satisfagan por igual las necesidades comunitarias expresadas por el Estado y los derechos individuales de los ciudadanos?
Con la intención de alllanar el camino, teniendo como referencia ineludible a la Constitución Nacional y basándose en doctrina y jurisprudencia local, extranjera e internacional ―con las que en ocasiones acuerda y en otras disiente―, el autor se pregunta cuáles de las fuentes regulatorias reconocidas al Poder Ejecutivo son válidas para ejercitar la potestad infraccional administrativa. El análisis lo lleva a responder que la norma sancionatoria no puede provenir de un reglamento autónomo ni de un decreto de necesidad y urgencia, pues de lo contrario sufriría un menoscabo irreparable el sistema institucional (por vulneración del principio de división de poderes) y las libertades individuales (por violación del principio de legalidad).
En cuanto a la oportunidad en que la colaboración regulatoria del Poder Ejecutivo, basada en una autorización legislativa, puede ejercitarse en la materia, Ascárate descarta ―por inconstitucionales― las hipótesis en las que: i) la ley guarda silencio sobre la posibilidad de aplicar sanciones y no atribuye competencia sancionatoria al órgano administrativo; ii) la ley atribuye competencia sancionatoria al órgano administrativo pero no prevé las conductas punibles (exceptuando la temática referida a cuestiones internas o disciplinarias del poder administrador), y iii) la ley no aclara el tipo de sanciones administrativas aplicables.
Como es propio de los trabajos destinados a trascender la coyuntura, el de Ascárate no se circunscribe solamente a ofrecer claridad conceptual y precisión terminológica. El autor considera imprescindible en la materia que analiza que los actores del derecho no pierdan de vista el factor de la previsibilidad, que excede al derecho positivo stricto sensu para abarcar la accesibilidad lingüística y comunicacional. Es especialmente relevante el rol que el autor le asigna a la necesidad de que la presunción del conocimiento de un obrar disvalioso se acerque lo máximo posible a la realidad, en el sentido en que el hombre y la mujer comunes puedan no sólo conocer intelectivamente, sino, en lo esencial, comprender actitudinalmente lo permitido y lo prohibido frente al Estado. Es este un factor imprescindible para acortar la brecha que cotidianamente se interpone entre el accionar de un Estado multirregulador y una ciudadanía abrumada por obligaciones que se suman, se modifican,se actualizan y se derogan cotidianamente.

III
El trabajo que prologamos habrá de abrir nuevos debates, como ―a título de ejemplo― el que enfrentará a quienes proponen que la temática de la infracción administrativa sea regulada uniformemente por el Congreso de la Nación, en los términos del primer párrafo del art. 14 de nuestra Constitución (pues se trataría de reglamentar el ejercicio de los derechos individuales), para brindar la certeza jurídica de la que hoy carece, versus aquellos que consideran que la uniformidad buscada, por tratarse de cuestión administrativa propia del derecho público local, sólo podrá concretarse inicialmente a nivel de cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por los arts. 121 y 129 de la Ley Fundamental. Entre tales extremos, es probable que se abra paso un camino intermedio, de concertación, que busque los consensos necesarios para que la uniformidad sea procurada inductivamente, desde las jurisdicciones hacia el nivel general. O tal vez se intente el camino de los presupuestos mínimos nacionales y los presupuestos complementarios jurisdiccionales, tal como ocurre en la materia medioambiental, conforme al art. 41 de la Constitución. Pero todo esto, que refiere a cómo implementar el régimen de la infracción administrativa, vendrá después de la definición sustantiva sobre la que la obra de Ascárate nos ilumina.
En definitiva, la actualidad de la temática, la rigurosidad de su tratamiento y la sensatez de sus conclusiones permiten augurar al libro que prologamos el sitio reservado a las obras de referencia doctrinaria en un tema que, con su intransferible especificidad, no deja de ser un nuevo capítulo en el clásico debate (y combate) entre autoridad y libertad.
Horacio Rosatti
Ciudad de Santa Fe, cuna de la Constitución Nacional, invierno de 2019.