Justicia comercial y derecho concursal

Estudio histórico y jurídico

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Introducción
Capítulo I: Orígenes (hasta el Siglo XVIII)
A) JUSTICIA COMERCIAL
B) DERECHO CONCURSAL
1) HISTORIA Y DERECHO COMPARADO
2) DERECHO ESPAÑOL E INDIANO
Capítulo II: Etapa Virreinal (1777/1810)
A) JUSTICIA COMERCIAL
1) CUESTIONES PRELIMINARES
2) CONSULADO DE BUENOS AIRES
B) DERECHO CONCURSAL
Capítulo III: Época Patria (1810/1862)
A) JUSTICIA COMERCIAL
1) ORGANIZACIÓN JUDICIAL
2) EL CONSULADO
B) DERECHO CONCURSAL
Capítulo IV: Unidad Nacional (1862/1882)
A) JUSTICIA COMERCIAL
1) ORGANIZACIÓN JUDICIAL
2) EL CÓDIGO DE COMERCIO Y SU APLICACIÓN
Capítulo V: De la Federalización al Centenario (1882/1910)
A) JUSTICIA COMERCIAL
B) DERECHO CONCURSAL
1) REFORMA AL CÓDIGO DE COMERCIO (1889)
3) DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL
Capítulo VI: Del Centenario al año del Libertador (1910/1950)
A) JUSTICIA COMERCIAL
B) DERECHO CONCURSAL
Capítulo VII: Desde 1950 hasta hoy (2019)
A) JUSTICIA COMERCIAL
B) DERECHO CONCURSAL
Epílogo
A) JUSTICIA COMERCIAL
B) DERECHO CONCURSAL
Apéndice: El siglo XIX en las provincias y en el extranjero
A) PROVINCIAS ARGENTINAS
B) PAÍSES EUROPEOS
C) PAÍSES AMERICANOS
Anexos
A) CUADROS SINÓPTICOS
B) PRIORES Y PRESIDENTES
Fuentes
A) DOCUMENTACIÓN INÉDITA
B) DOCUMENTACIÓN EDITADA
C) BIBLIOGRAFÍA
D) REVISTAS

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Detalles del libro

Edición

1

Fecha

ISBN

978-987-3886-67-6

Páginas

1576

Tapa

Rústica

Autor

Pesaresi, Guillermo M.

Description

Prólogo
Decía Federico Carlos de Savigny que “…Cuando una ciencia como la del derecho descansa sobre los esfuerzos no interrumpidos de muchos siglos, constituye una herencia inapreciable, cuya posesión quieta y pacífica goza la generación de que formamos parte. Además de las verdades comprobadas, que forman como la base de este patrimonio, tenemos a nuestra disposición todas las tentativas del espíritu científico, bien o mal dirigido, cuya experiencia nos señala el camino que es preciso seguir o el que debemos evitar, pudiendo de esta manera en algún modo, añadir a nuestros esfuerzos el trabajo de los siglos pasados. Renunciar por presunción o por pereza a las ventajas de nuestra posición o contentarnos con dirigir una mirada superficial a la obra de nuestros antecesores, abandonando la parte de influencia que deben ejercer sobre nuestro desenvolvimiento, sería repudiar esta rica herencia, destruir la comunidad de las convicciones científicas y romper la continuidad viva del progreso, sin la cual la comunidad de convicciones degeneraría en verdadero estacionamiento…”.
Las anteriores palabras, que fueron escritas por Savigny en setiembre de 1839 para dar comienzo al prólogo de su monumental “Sistema de Derecho Romano Actual”, coinciden sin duda con el espíritu que animó al doctor Guillermo Mario Pesaresi para redactar la obra que ahora presentamos.
Nuestro prologado sabe, efectivamente, que la cultura jurídica de un pueblo se asienta en un pasado de construcción colectiva cimentada a lo largo de los años, generación tras generación, que no es posible olvidar sin negar, al mismo tiempo, lo que ese pueblo es hoy o, peor aún, lo que somos cada uno de nosotros como individuos.
Por eso, no por menos, Pesaresi mira al pasado, mira la historia, no para ver cosas muertas, sino para entender y juzgar mejor nuestro presente jurídico, e incluso para abrir caminos futuros.
Y lo hace, por cierto, echando una reflexiva y profunda mirada sobre un segmento de lo pretérito escasamente estudiado entre nuestros autores, como es el atinente a la evolución del derecho de la insolvencia y de la justicia que lo ha aplicado y lo aplica en nuestro país.
Al respecto, vale la pena observar que sobrevuela en las páginas de la obra que prologamos un claro entendimiento sobre la especificidad y el particularismo propio que le ha sido reconocido al derecho de la insolvencia en todos los tiempos, que lo separa de otras áreas del derecho privado, desde que existe convicción, fuertemente arraigada, no solo acerca del carácter oficioso de los procedimientos judiciales de insolvencia, sino también en cuanto a que la legislación reguladora de los concursos y las quiebras constituye un instrumento de la economía.
Lo primero nace de una asociación histórica.
En efecto, históricamente el derecho de la insolvencia aparece identificado con el procedimiento de ejecución colectiva de los bienes del deudor, para cumplir eficazmente el cual los estatutos italianos del medioevo que rigieron en el norte de Italia (en los que se ubica el origen directo del procedimiento de la actual quiebra) entendieron menester dotarlo de un carácter eminentemente oficioso, es decir, con fuerte presencia del juez tanto para declarar la falencia, como para controlar la legitimidad de su desenvolvimiento, resolver sobre las controversias que vayan surgiendo, repartir el activo, etc., resultando de todo ello su naturaleza interest reipublicae. Y aunque parece ser cierto el juicio de Alfredo Rocco según el cual ese carácter eminentemente oficioso del procedimiento no nació, contrariamente a lo sostenido por Kohler, con la obra de Francisco Salgado de Somoza, ya que ciertamente fue característico del fallimento de los estatutos italianos, lo cierto es que la obra del mencionado jurista español del siglo XVII profundizó o ensanchó ese carácter, a punto tal, que la posterior extensión por Europa de la soluciones nacidas de los estatutos medievales italianos tanto en Francia como en los Países Bajos y hasta en Inglaterra, comenzaron a ser identificadas como una concepción “privatista” de la quiebra, mientras que, por el contrario, la explicada en el Labyrinthus creditorum concurrentium (obra de Salgado de Somoza publicada en París
en 1651, que es universalmente reconocida como el primer tratado sistemático sobre quiebra) a partir de un análisis de lo que era la práctica judiciaria de la España de ese entonces, se identificó con una concepción “publicística” en que la administración de la quiebra se halla controlada por el Estado a través del organismo concursal, siendo su nota esencial la constante intervención del juez en el procedimiento y la entera subordinación de la quiebra a las solemnidades de un verdadero juicio.
Por cierto, fue esta última concepción de la oficiosidad del procedimiento, la que influyó en el derecho español posterior, particularmente en la redacción de las Ordenanzas de Bilbao, confirmadas por Felipe V (en 1737) , las cuales fueron aplicadas en nuestras tierras por el Consulado de Buenos Aires creado en 1794, y cuyo capítulo XVII (“De los atrasos, fallidos, quebrados o alzados; sus clases y modo de procederse en sus quiebras”) constituye, a decir de Apodaca y Osuna, el antecedente más inmediato del Código de Comercio francés de 1807 en muchos aspectos de la institución concursal , y también el antecedente inmediato en la materia,
en la misma línea de pensamiento, del Código de Comercio español de 1829 , fuentes ambas —el primero con la reforma de 1838 — reconocidas como dos de las principales en la letra del libro IV del Código de Comercio Argentino de 1862 redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield y Eduardo Acevedo; oficiosidad del procedimiento que, en fin, con sus más y sus menos, subsiste hasta nuestros días y no solo para la quiebra, sino cabalmente también con relación al concurso preventivo, aunque no haciéndose de ello un dogma.
Lo segundo, en cambio, muestra otro costado del derecho de la insolvencia en su desarrollo histórico. La legislación sobre concursos o quiebras ha sido vista, no solo en nuestro país sino también en otras latitudes, para bien o mal, como un instrumento de la economía, de su conducción.
Esto último es fácilmente comprobable especialmente entre nosotros, pues cada reforma concursal ha estado relacionada con situaciones de crisis económica o bien, si no la había, con la idea de afianzamiento de un determinado modelo económico entendido como apto para el momento histórico dado, siendo relevante observar, a la vez, que las normas concursales aprobadas en tiempos de crisis abrazaron esquemas donde se apreciaba un mayor grado de oficiosidad judicial, mientras que, por el contrario, las legislaciones concursales nacidas en tiempos de estabilidad o calma económica disminuyeron dicha oficiosidad restando poderes a los jueces concursales.
Veamos. Ya fue dicho que la oficiosidad del procedimiento concursal se vio reflejada en el Código de 1862 con la fuerte impronta que provenía del antiguo derecho español que se había aplicado hasta entonces en nuestras tierras. Esa fuerte impronta de la oficiosidad resultaba de varias disposiciones pero, como ninguna, del art. 1527 por el cual se habilitaba al juez a declarar de oficio la quiebra en caso de fuga del comerciante u ocultación acompañada de la clausura de su escritorio o almacenes sin haber dejado representante.
Dicho Código de 1862 sirvió al país en la etapa fundacional de la República (presidencias de Sarmiento, Avellaneda y primera de Roca), pero la primer gran crisis política y económica que apareció en el horizonte argentino casi treinta años después fue el campo propicio para su primer gran reforma.
En efecto, a partir de 1886 el gobierno de Juárez Celman propició el desarrollo desenfrenado de los negocios, de los capitales, de las obras públicas, de las concesiones, de los valores reales o ficticios y de la especulación, que engendró una irresistible ola de agio en todos los terrenos, de tal suerte que convirtió al país en una enorme casa de juego. Ello trajo como consecuencia la corrupción, el despilfarro, el afán del oro, la riqueza fácil y el lujo improvisado, así como la exhibición de fortunas tan rápidamente adquiridas como gastadas. El centro del delirio especulativo fue la Bolsa de Comercio donde se jugaban con profusión los valores, desde el oro y la moneda, hasta las acciones de centenares de sociedades anónimas, constituidas solo sobre promesas y papeles. Así, la inflación y el agio llegó a 1889 a un grado alarmante; el peso se desvalorizaba, mientras el oro subía rápidamente con relación a la moneda nacional. Todo ello agravado, además, por una ley del año 1887 (ley de Bancos Nacionales Garantidos) que autorizó a cualquier banco a emitir billetes con el sello de la Nación, lo que llevó a que en menos de dos años dichos bancos “empapelaran al país con una moneda totalmente envilecida”: de 94.070.971 pesos que circulaban en 1887 se pasó a 245.100.332 pesos en 1890.
En 1889, en medio de la apuntada crisis, se hizo la primera gran reforma del Código de Comercio de 1862 con sentidas modificaciones en todo ese cuerpo legal y, por cierto, también en su Libro IV “De las Quiebras” (supresión del juicio de calificación e introducción de la adjudicación de bienes). La reformas fueron, empero, tibias y no se ajustaron a la realidad económica jurídica de su tiempo.
Por cierto, la crisis no se detuvo, y se profundizó durante el citado año 1890 detonando la revolución del 26 de julio.
En 1898 los problemas habían declinado en gran medida. Contribuyó al mejoramiento de la economía la sanción en 1899, bajo la presidencia de Julio A. Roca, de la ley de conversión nº 3871.
Esta última ley estableció una regla monetaria clara y simple: la Caja de Conversión creada por ley nº 2741 estaba obligada a comprar y vender pesos moneda nacional (pesos papel) por metálico a la tasa de cambio fijada por ley de 44 centavos oro por cada peso nacional. Desde entonces y durante quince años ininterrumpidos, la Argentina mantuvo un tipo de cambio fijo de 2,27 pesos papel por peso oro. Fue un periodo de baja inflación de los precios domésticos, pues las grandes fluctuaciones de la cantidad de billetes inconvertibles y del tipo de cambio entre el papel y el que había aprobado la ley de conversión n° 3871. Así, después de dieciocho meses de caída de las reservas, el gobierno encabezado por el Presidente Hipólito Irigoyen se vio obligado a cerrar la Caja de Conversión, abandonando el sistema de tipo de cambio fijo. Sin embargo, ello no bastó. La recesión continuó en 1930 al puto de que ese año el P.B.I. descendió el 4,1%.
A la crisis económica se sumó entonces la política, y el 6 de setiembre de 1930 el orden constitucional fue interrumpido por un golpe militar.
El gobierno de facto surgente (presidencias de José F. Uriburu y Agustín P. Justo) adoptó entre 1930 y 1932 diversas medidas económicas, algunas severas, que permitieron equilibrar el presupuesto a partir de una política fiscal contractiva y una política monetaria expansiva.
En ese contexto, se sancionó en 1932 la ley 11.719, que reemplazó a la ley 4156. Como lo recuerda Francisco Orione, la necesidad de la reforma de la ley de 1902 se había hecho cada día más imperiosa, pues a las causas aducidas como fundamento de la revisión, se agregaba la no menos sensible de la honda crisis económica de los últimos años, que había provocado un aumento de los casos de aplicación de la ley de quiebras, que hacían más resaltantes sus defectos e inconvenientes.
La ley de 1932 determinó reformas fundamentales que significaron instalar una fuerte oficiosidad en el proceso concursal, dejando atrás el régimen de la ley 4156 cuyo fracaso fincó en haber considerado que la tramitación de un concurso afecta únicamente los intereses de los acreedores.
Nuevas crisis económicas y políticas azotaron recurrentemente a la República Argentina en los cuarenta años siguientes, pero la ley 11.719 resistió a cada una de ellas con muy escasas modificaciones, sirviendo al país como ninguna otra antes y después, fruto de su ponderado equilibrio entre el interés de los acreedores y de los deudores insolventes.
A principios de la década del 70, el país era desde luego distinto al de 1932, no solo en lo económico sino fundamentalmente en lo político. La elección de Juan D. Perón en febrero de 1946 había marcado el inicio de una etapa de redistribución del ingreso nacional más equitativa y una incorporación definitiva de las masas a la conducción productora y consumidora, mostrando a la década del 30´ como un término de referencia utilísimo para saber lo que no debía hacerse. El peronismo puso en tela de juicio al llamado proyecto liberal, y las tensiones sociales y las pretensiones políticas comenzaron a dar forma a un nuevo Estado caracterizado por la seguridad social, la mayor centralización y concentración del poder, y el dominio más ajustado de los instrumentos económicos y financieros.
Más tarde, tras la revolución de 1955, la llegada al gobierno de Frondizi en 1958 dio paso a una serie de gobiernos civiles y militares que, a pesar de sus múltiples diferencias en otras áreas, coincidieron en el impulso de estrategias de corte desarrollista, consolidándose una alianza entre la burguesía industrial nacional y el capital extranjero. Al igual que en la etapa precedente, el Estado continuó desempeñando un papel central en la economía, pero desplegando ahora políticas orientadas hacia objetivos opuestos a los del peronismo histórico, ya que se viró hacia un proceso regresivo de concentración destinado a favorecer la acumulación del capital.
Alrededor de 1971, la ruptura constitucional iniciada en 1966 por el gobierno militar de Onganía y continuada por Levingston, comenzó a revelar su deterioro tanto político como económico. El efecto económico más inmediato fue el menoscabo del potencial crediticio exterior, a partir de medidas tales como: la imposición por ley a los organismos del Estado de optar en sus compras por productos de origen nacional; la restricción del crédito local para las empresas de capital extranjero; discriminaciones de acuerdo con la nacionalidad del capital; etc. Al mismo tiempo, se consumó una tentativa por elevar el nivel de las inversiones estatales, que no fue financiada mediante un aumento de los impuestos, sino más bien por aumento del déficit gubernamental, que triplicó al de años anteriores. Todo lo cual provocó hondo resentimiento en la comunidad extranjera y alarmó a los capitales locales. La tasa de inflación en 1970 y 1971 hacía ascendido a cerca de un 40% y un 65% anuales, pasó en a una tasa superior al 100% en los primeros meses de 1973. Ello reflejó la incertidumbre de la situación política y los inevitables aumentos anticipados de los precios. De ese modo, los salarios reales cayeron en 1972 más del 6% por debajo de su nivel de 1969.
Por supuesto, bajo semejante contexto, se incrementaron los quebrantos comerciales, con niveles alarmantes para la época, especialmente en 1971.
En ese contexto, tal como la ley 11.719 había sido una respuesta a la crisis del ’30, la reacción a la crisis del 70’ fue la aparición de una nueva reforma de la legislación concursal. Esta vez fue la ley 19.551, dictada en mayo de 1972 por el gobierno de facto entonces en el poder.
Pocos años después, bajo una nueva crisis económica iniciada en 1979 y equiparada a las de 1890 y 1930, se dictó la ley 22.917 (1983) de reformas a la ley 19.551 32 .
La ley 19.551 mantuvo la oficiosidad aprobada por la ley 11.719, pero de un modo más atenuado, lo cual se profundizó aún más con la ley 22.917.
En 1986, tras la aparición del “Plan Austral” que trajo un lábil escenario de estabilidad económica (decreto 1096/85), la doctrina comenzó a preguntarse en punto a la factibilidad de un escenario concursal de oficiosidad distinto al entonces vigente.
Este ir y venir en la oficiosidad concursal, tuvo un nuevo episodio en 1995 con la sanción de la ley 24.522, que aprobó una significativa reducción de los poderes del juez y consideró al concurso como cosa propia de los acreedores, de modo similar a la ley 4156 y bajo un contexto económico análogo.
En efecto, así como esta última ley concursal de 1902 había sido dictada en el marco de la ley de conversión nº 3871 que un tipo de cambio fijo en la paridad pesos-valor del oro, así también la ley de 1995 fue aprobada en vigencia de la llamada ley de convertibilidad de 1991, que hubo de dar al país como aquella otra un cierto marco de estabilidad monetaria por algunos años.
En otras palabras, como en 1902, la ley 24.522 fue concebida como un claro instrumento de política económica y, particularmente, como medio para subrayar y afianzar las ideas que por entonces presidían la gestión gubernamental 35 , las cuales se reflejaron en la aparición de plan económico basado en una ideología de corte liberal o neo-liberal que no se conocía en el país desde 1946. La ley 23.928, en efecto, estableció una convertibilidad fija de U$S 1 = $ 1 (10.000 australes, por entonces), con obligación por parte del Banco Central de vender las divisas que el mercado le requiera para mantener la referida relación. Aunque el plan económico resultó eficaz inicialmente como herramienta de estabilización y de formación de expectativas de los agentes, para que la convertibilidad fuera sostenible en el tiempo requería: a) la estabilidad del flujo de capitales hacia los mercados emergentes, como el argentino; b) escasos cambios en las paridades a escala internacional; y c) apertura de los mercados internacionales a los productos nacionales.
Si bien estas últimas condiciones estuvieron presentes en los años inmediatamente posteriores a la sanción de la ley 23.928, fueron sin embargo perdiéndose paulatinamente después, y el mantenimiento de la paridad cambiaria fija se logró, entonces, con un muy fuerte aumento de la deuda pública externa e interna, provocándose, al par, un empeoramiento de los efectos sobre la estructura productiva, ocupación e ingresos. A lo anterior se sumó que los precios de los commodities que el país exporta cayeron fuertemente afectándose la competitividad argentina, luego de haber alcanzado sus máximos niveles en 1996 y 1997.
Hacia fines de 1998 la economía nacional comenzó a desacelerarse cayendo más tarde en una recesión motivada por la reducción del financiamiento disponible. Adicionalmente, el aumento del nivel y costo del endeudamiento externo tornaron cada vez más insostenible el nivel de la paridad cambiaria, y cuando la vulnerabilidad externa de la economía argentina quedó en evidencia, se redujo la liquidez de los bancos y se incrementó la exposición del riesgo a un default soberano, todo lo cual condujo —por natural pérdida de confianza— a un masivo retiro de depósitos bancarios y a la pérdida de reservas, precipitándose el descalabro económico a fines de 2001 y el consecuente colapso del sistema y de la cadena de pagos.
Esta última parte de la historia argentina es reciente y conocida, pues detonó la crisis económica, social e institucional probablemente más profunda de todas las vividas en el país, generando ella nuevas reformas a la ley concursal de grave significación (leyes 25.563 y 25.589) que, implicaron, un claro retorno a la oficiosidad concursal, a fin de reconducir los múltiples quebrantos económicos empresariales que tuvieron lugar.
Como se ve, la historia de la legislación concursal argentina está atada a su historia económica.
Es notoria, en tal sentido, la coincidencia temporal de las grandes reformas con momentos, o bien de crisis económicas o bien de instauración de modelos de pretendida estabilidad, mostrando que el legislador ve a la ley concursal como un instrumento de la economía, para coadyuvar a la superación de las primeras o profundizar los segundos.
Paralelamente, frente a crisis económicas, la legislación concursal se reforma para darle a los jueces mayores poderes, mayor oficiosidad. En cambio, en épocas de estabilidad, ella se modifica para restar oficiosidad y hacer del procedimiento concursal un asunto en el que los acreedores son los que deciden.
Frente a ese devenir, en que las normas de la legislación concursal son objeto de cambios y recambios que suenan más a experimentación que a aprovechamiento de experiencia acumulada en el sentido aconsejado por Savigny en sus palabras recordadas al principio, la justicia comercial de nuestro país afrontó el desafío, en todos los tiempos, de superar interpretativamente los defectos de las respectivas normas o, en cambio, de aprovechar las virtudes de las mismas para permitir, en ambos casos, que las relaciones de los acreedores y de los deudores insolventes transitasen un camino de equilibrio y verdadera justicia.
Merecido y justo es, pues, que el doctor Pesaresi haya escrito una historia de esa justicia comercial y de su diálogo a lo largo del tiempo con la legislación concursal.
Desde tal punto de vista, su libro es, en última instancia, un homenaje a esa justicia comercial argentina, redactado con una profundidad en la investigación y rigor científico verdaderamente encomiable, que lo hacen único en su especie.
Por otra parte, su investigación sobre el pasado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que poseyó autonomía jurisdiccional a partir de 1910 (ley 7055), y cuyo Tribunal he tenido el honor de presidir en 2011, tiene el innegable valor testimonial de una época, la presente, que mira atenta al pasado para aprender de él y procurar en la República el futuro de un mejor y más amplio horizonte de justicia.
No queda más que felicitar al autor por su obra, e invitar al lector a que la aproveche reflexivamente leyéndola.
Pablo D. Heredia