El derecho contravencional

Bases para una teoría sistémica-Dinámica

$900,00


Estado actual de la cuestión. El derecho administrativo y la contravención. El derecho penal y la contravención. Una clasificación inválida. Análisis sistémico. Análisis de la contravención a la luz de la teoría de sistemas. Introducción a la teoría de sistemas. Sistema contravencional. Resultados de análisis de las contravenciones a la luz de la teoría de sistemas. Tesis sistémica del derecho contravencional. La tesis sistémica-dinámica. El código contravencional. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia. Datos estadísticos. Conclusiones acerca del tû-tû. Anexo. Apéndice legislativo.”

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Detalles del libro

Edición

1

Fecha

ISBN

978-987-1419-54-8

Páginas

346

Tapa

Rústica

Autor

Elizalde, Patricia N.

Description

Prólogo del Dr. Sergio Delgado:
Me ha conferido Patricia Elizalde el honor y el placer de presentar su trabajo. Me constan las cualidades profesionales y personales de la autora, por haberlas podido constatar cotidianamente a lo largo de la mayor parte del año 2010. La he visto trabajar con dedicación, eficiencia y solvencia coordinando los esfuerzos del personal de las vocalías de la Sala III de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas, de la que es secretaria, amalgamando los criterios de los votos de sus integrantes en las sentencias y enriqueciendo con su actualizado y profundo conocimiento de la jurisprudencia y de la doctrina especializada los proyectos propios y los ajenos, que ha contribuido a mejorar con sus atinadas observaciones. Recientemente se ha aceptado el pedido que he cursado para que colaborase con la vocalía a mi cargo, lo que ha permitido consolidar mi favorable opinión acerca de sus méritos.
Con tales antecedentes, cuando se me encomendó la lectura de su tesis doctoral, la encaré con expectativas favorables respecto de la calidad del producto cuya presentación me era confiada. Debo admitir que he sido sorprendido, aún siendo optimista, por la excelente calidad del trabajo desarrollado por la doctora Elizalde y por la profundidad de la investigación y meditación que la sustenta.
Puedo afirmar sin temor a error que la obra Teoría Sistémica del Derecho Contravencional, de Patricia Elizalde, es el análisis más exhaustivo escrito sobre el tema en nuestro país y que ayudará a una aplicación de sus normas, que cotidianamente definen las características de nuestra sociedad, ajustada a los postulados constitucionales o, lo que es lo mismo, a un programa político de vigencia plena de los derechos humanos.
Como bien señala la autora, la discusión relativa a la naturaleza de estas normas, si de ontología diversa de las penales o sólo distintas en el quantum de la sanción que conllevan, tiene consecuencias prácticas en materia de garantías constitucionales que, como con acierto indica, no deben ser menores que ante los injustos más graves.
La original perspectiva con la que analiza el tema, a partir de la teoría sistémica, le permite superar el dilema en el que se encuentra estancada la cuestión relativa a la naturaleza jurídica del derecho contravencional: quienes postularon la existencia de diferencias ontológicas no logran superar los embates de quienes no ven en la estructura de los tipos penales, estos preceptos que describen una conducta cuya concreción se asocia a una sanción, nada distinto de la estructura de los tipos contravencionales. A lo que se suma que ambas normas, penales y contravencionales, buscan preservar bienes jurídicos. A veces los mismos, además. Y la gravedad de la sanción en ocasiones es menor en determinados delitos que en algunas contravenciones. Reducida la diferencia a la gravedad de la consecuencia en la mayoría de los casos, aparece como meramente discrecional la decisión del legislador de tratar determinada conducta bajo uno u otro régimen. La autora, luego de un esforzado desarrollo, propone reglas para delimitar este arbitrio.
No es un aporte menor en una ciudad cuyos vecinos se han visto y se ven aún castigados por notorios abusos fruto del inadecuado desarrollo del federalismo en nuestro país. A lo que también se ha sumado la ineficiencia de sus autoridades autonómicas para efectuar las reformas que les han sido encomendadas en esta materia.
Una iniquidad atribuible, en mi opinión, a ambos factores, es que los denominados edictos de policía” constituyeran la legislación contravencional de la ciudad de Buenos Aires durante casi todo el siglo XX, pese a haber sido declarada su inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1957.
Ello se debió a que, primero, habían sido ratificados por las autoridades de facto incluso antes de emitido el fallo, en cuenta se conoció la opinión del procurador general, en pretendido acatamiento a la cual convocaron a una comisión redactora de un Código Contravencional para la Ciudad de Buenos Aires, legislación que no logró sancionar el Congreso de la Nación durante los siguientes cuarenta años, los últimos en que se desempeñó como legislatura local de la ciudad. Claro, descontados los períodos de las últimas dictaduras. Aunque dictó normas contravencionales en materia de violencia en espectáculos deportivos, el Congreso de la Nación siguió atribuyendo competencia para juzgarlas al jefe de la Policía Federal, situación que se mantuvo mientras fue legislatura local de esta ciudad.
Sancionada por la reforma constitucional de 1994 la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, en su art. 129 la competencia como legislatura local del Congreso de la Nación cesó de pleno derecho el 26 de octubre de 1997, cuando se constituyeron los poderes surgidos del régimen de autonomía, conforme lo previó la disposición transitoria décimo quinta de la Constitución Nacional.
Pero tampoco las autoridades autonómicas trataron mejor en esta materia a los vecinos de la ciudad. Permítaseme explicarlo:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 1º de octubre de 1996 encomendó al primer jefe de gobierno el cese inmediato del enjuiciamiento de los edictos de policía por parte del jefe de la Policía Federal, diseñando una reforma progresiva que comprendía, en primer lugar, la designación de jueces contravencionales en comisión, que asumirían el juzgamiento de los edictos de policía.
El control de constitucionalidad que necesariamente harían sobre sus cuestionadas disposiciones serviría de inspiración a la legislatura al tratar el código contravencional y de faltas que debía dictar conforme su art. 81, inc. 2º.
En efecto, la cláusula transitoria duodécima de la Constitución de la Ciudad facultó a nuestro primer jefe de gobierno, don Fernando de la Rúa, a constituir el fuero Contravencional y de Faltas creando los tribunales que resulten necesarios y designando en comisión a los jueces respectivos.
La constitución del fuero Contravencional y de Faltas importaría, además, la cesación de la cuestionada Justicia Municipal de Faltas, creada por la norma de facto 19.987, cuyas causas pendientes debía asumir. También le encomendó al jefe de gobierno dictar, mediante decreto de necesidad y urgencia, las normas de organización y procedimiento necesarias para el funcionamiento del fuero contravencional y de faltas.
Luego se establecía que la primera legislatura autonómica sancionaría dentro de los tres meses de constituida un código contravencional que contenga las disposiciones de fondo en la materia, sustituyendo así los denostados edictos de policía, y las procesales contravencionales y de faltas.
Sancionado ese código o vencido el plazo fijado, que se declaró improrrogable, todas las normas contravencionales, léase edictos de policía, quedarán derogadas (conforme cláusula transitoria duodécima, punto 1, inc. b, punto 2 y punto 5, último párrafo, de la Constitución de la Ciudad).
No fue lo que ocurrió. Fernando De la Rúa, nuestro primer jefe de gobierno, prefirió que los vecinos de la ciudad continuaran siendo juzgados por el jefe de la Policía Federal por aplicación de los denostados “edictos de policía”, competencia a la que la ley de violencia en espectáculos deportivos -cuya sanción propiciara como legislador nacional, recordemos-había sumado las contravenciones por ella creada.
Para entonces la degradación del procedimiento contravencional aplicado por la Policía Federal era total, dado que se limitaba a detener cautelarmente a los presuntos sospechosos, demorarlos cuanto podía sin que alcanzaran a oponer recursos de habeas corpus y luego los excarcelaba. Durante el año 1997 la Policía Federal argentina detuvo por imputar la infracción a “edictos de policía” a más de 100.000 personas. Pero no dictó u omitió notificar sentencia condenatoria alguna, lo que le permitía sortear todo control jurisdiccional, dado que se limitaba a detener cautelarmente y a “excarcelar” a los imputados cuando lo consideraba oportuno, por ejemplo, dentro de las 24 hs. si era un día hábil, dentro de las 48 o 72 hs. si se contaba con la tranquilidad que proporcionaba un fin de semana o feriado que, por ley no escrita, limitaba las posibilidades de los detenidos de obtener patrocinio letrado o, incluso, de interponer un habeas corpus.
De la Rúa pudo evitar esta situación a partir del 1º de octubre de 1996, cuando entró en vigencia la Constitución autonómica de la ciudad. Pero recién el 13 de marzo de 1998 designó, mediante el decreto 268/98, a los primeros camaristas en lo Contravencional y de Faltas en comisión, forzado por la supresión de los “edictos de policía” y demás normas contravencionales que importó la aprobación, el 9 de marzo de 1998, del Código de Convivencia aprobado por la ley 10 de la ciudad. En noviembre del mismo año, aún más tardíamente, designó a los integrantes de una segunda sala y a los primeros cuatro jueces en lo Contravencional y de Faltas.
La legislatura, por su parte, tampoco ha cumplido su cometido constitucional, en mi opinión, dado que aunque sancionó oportunamente un muy apropiado Código de Convivencia mediante la ley 10, primera intervención que le exigía el cronograma constitucional en esta materia, desobedeció lisa y llanamente la obligación constitucional de jurisdiccionalizar el juzgamiento administrativo de las faltas municipales.
En efecto, pese al claro texto del art. 81 inc. 2 que le impone dictar un único código contravencional y de faltas, la legislatura optó por crear una instancia administrativa para la imposición de las sanciones por faltas, en la que no se ha previsto defensa oficial ni asesoramiento legal gratuito alguno y que, en los hechos, desnaturalizó el sentido de la estructura jurisdiccional que siguiendo las pautas constitucionales se proyectó y había aprobado la ley 7, que comprendía cuarenta y ocho juzgados contravencionales y de faltas de primera instancia y cuatro salas con tres vocales en la respectiva cámara, autorizando la disposición complementaria y transitoria tercera a integrar “paulatinamente de acuerdo a las necesidades de servicio” con solo treinta jueces y dos salas a este fuero. Pero esta cuestión, que no debe ser olvidada, no es el objeto del estudio que prologo.
Frente a este panorama, el esfuerzo dedicado por la autora a fijar criterios que permitan una hermenéutica apropiada de las normas contravencionales ayudará a aplicar racionalmente el derecho contravencional que, lo merezcamos o no, hemos logrado en estos primeros tres lustros de esforzada construcción de la autonomía, los porteños.

Descripción:
Estado actual de la cuestión. El derecho administrativo y la contravención. El derecho penal y la contravención. Una clasificación inválida. Análisis sistémico. Análisis de la contravención a la luz de la teoría de sistemas. Introducción a la teoría de sistemas. Sistema contravencional. Resultados de análisis de las contravenciones a la luz de la teoría de sistemas. Tesis sistémica del derecho contravencional. La tesis sistémica-dinámica. El código contravencional. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia. Datos estadísticos. Conclusiones acerca del tû-tû. Anexo. Apéndice legislativo.”