Acción de clase

Tutela de los derechos de incidencia colectiva: difusos e individuales homogéneos. La doctrina de la Corte Suprema, la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial de la Nación.

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Historia y actualidad de la acción de clase en el Derecho comparado. Antecedentes históricos de la acción de clase. Actualidad de la acción de clase en el Derecho comparado. El sistema estadounidense: la regla 23. El sistema iberoamericano: el código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica. Parte II: La legetimación colectiva en el Derecho argentino. El nacimiento de la legitimación colectiva en nuestro Derecho. Primera aproximacióna las acciones de clase. Los derechos individuales homogéneos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Parte III: Caracteristicas y funcionamiento de la acción de clase. Lineamientos generales de la acción de clase. Categorización de la pretensión y Requisitos de la acción de clase. El procedimiento en la acción de clase: certificación, notificación y publicidad. Tipo de proceso. La representación en la acción de clase. La sentencia en la acción de clase: efectos y ejecución. La transacción en la acción de clase. Acción de clase pasiva. Aspectos procesales.

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Detalles del libro

Edición

1

Fecha

Páginas

478

ISBN

978-987-3886-52-2

Tapa

Rústica

Autor

De Arrascaeta, Arturo,

Nallar, Florencia

Description

Prólogo

Cuando acepté la honrosa tarea de prologuista de este libro por parte de sus autores, con quienes me une un importante lazo afectivo pero fundamentalmente un profundo respeto intelectual, me sentí abrumado por la dimensión de la obra con la que debía to- mar contacto y lo apasionante de este novedoso tema para nuestro medio jurídico, que se fue desarrollando a partir de la sanción del art. 43 de la reforma constitucional del año 1994 y la regulación pretoriana de nuestra corte suprema en el fallo “Halabi”, para lo cual, ante el vacío legal, consideró directamente operativa la manda del constituyente.
Es que, como dijo un pensador inglés hace casi dos siglos, el fin de la ley es obtener la mayor ventaja posible para el mayor número posible de personas (Jeremy Bentham), y esto es lo que se trata de obtener mediante este tipo de procesos que son exhaus- tivamente analizados en esta medulosa obra.
Existen en este tema una serie de requisitos que se deben cumplir. en primer lugar, resguardar el derecho de la defensa en juicio, de modo de evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha tenido la posibilidad efectiva de participar. Se debe verificar la precisa identificación del grupo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que invo- lucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo.
Se debe arbitrar un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte.
Se deben implementar adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto, a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos.
Los autores efectúan un cuidadoso y profuso análisis de todas estas condiciones, para lo cual estudian el funcionamiento del sistema en la parte más importante del derecho comparado, concentrándose —comono podía ser de otromodo— en el fun- cionamiento del sistema en el derecho norteamericano, en donde se ha tratado de la manera más detallada y correcta el sistema, el cual, a pesar de las diferencias existentes con nuestra estructura jurídica, resulta esencial para la regulación en nuestro derecho.
En punto a la representatividad, es fundamental el estudio que hacen los escritores de la jurisprudencia de la corte suprema de los estados Unidos y la interpretación de la regla 23, para lo cual citan el voto del justice Stone, quien señaló que cuando el pronun- ciamiento de un tribunal que otorga efectos de cosa juzgada a la sentencia dictada por otro tribunal es cuestionado por violación a la garantía del debido proceso, es deber de la suprema corte examinar el procedimiento de ambos litigios a fin de determinar si los litigantes han sido debidamente notificados y si se les ha dado la oportunidad de ser oídos, requisitos estos del debido proceso de jerarquía constitucional. A estos fines, el Tribunal comenzó por recordar que el principio general de la jurisprudencia angloameri- cana consiste en que un individuo no puede ser alcanzado por los efectos de una sentencia dictada en un proceso en el cual no fue parte. Pero este principio tiene una reconocida excepción, dada por el pronunciamiento recaído en una acción de clase o acción re- presentativa, el cual obliga a aquellos miembros de la clase que no han sido parte del litigio. así, existe una falla en el debido proceso en los casos en los cuales no pueda afirmarse que el procedimiento adoptado asegura adecuadamente la protección de los intereses de las partes ausentes.
De manera tal que la importancia de este requisito de la representación adecuada no es menor. en efecto, la sentencia dictada en una acción colectiva obliga a toda la clase, en la medida en que ella haya estado adecuadamente representada o haya participado efectivamente en el litigio. Por tal motivo, un miembro ausente no se verá obligado por los efectos del pro- nunciamiento si prueba que durante el procedimiento no estuvo debidamente asegurada la protección de sus intereses. en este contexto, una creciente cantidad de precedentes jurisprudenciales han efectuado un análisis cada vez más estricto de los represen- tantes de la clase, a los fines de asegurar que no se presente ningúntipodeconflictoentrelosinteresesde aquellosylosdeesta. en este orden de ideas, la suprema corte de los estados Unidos, resaltan los autores,ha mostrado una insistente preocupación por la necesidad de controlar y garantizar la representatividad adecuada a la que se refiere la Regla 23 (a), a fin de salvaguar- dar el derecho al debido proceso de los miembros ausentes de la clase involucrada.
La regla general es que la sentencia que se dicte en una ac- ción de clase tendrá efectos vinculantes para la totalidad de los miembros de la clase, aunque no hayan tomado intervención en el proceso. de esta manera, una vez más, “un derecho individual se ve sacrificado ante una exigencia de carácter general; en este caso, la eficiencia de la justicia”.
Ahora bien, la cláusula constitucional del debido proceso —prevista en las Enmiendas V y XIV de la Constitución de Esta- dos Unidos— exige, a los fines de que una persona se encuentre alcanzada por los efectos de una sentencia, que sus intereses ha- yan sido adecuadamente protegidos durante el trámite del juicio.
Es por eso que en este tipo tan particular de litigios existen ciertos requisitos para la protección de los individuos ausentes de la clase. así, después de que el representante de la clase inicia la correspondiente acción, el tribunal debe decidir si dicta el auto de certificación. Dicha certificación implica que el juez ha tenido en cuenta todas las circunstancias del caso para concluir que la acción de clase es el camino adecuado para resolver los puntos en disputa.
Se destacan en esta interesante obra la existencia de derechos de primera generación que pueden ser englobados en los denomi- nados derechos civiles y políticos y queson aquellos que se con- gregan en los arts. 14, 16, 17, 18 y 19 de la c.N. y comprenden los derechos más eminentes de la persona: la vida, la libertad, la igualdad, la libertad de prensa, la libertad de cultos, la de reunión y asociación, la de peticionar ante las autoridades, la propiedad privada, la libertad física o de locomoción, la irretroactividad penal, la no autoincriminación, el debido proceso, el comercio y la navegación. esta categoría de derechos es propia del cons- titucionalismo clásico de fines del siglo XVIII y se caracteriza, en general, por irrogar al estado obligaciones constitucionales de no hacer. Estos derechos se manifiestan en su íntima adherencia al ser humano, por lo que no implican para el estado ninguna prestación ni obrar específico. Son, de esta manera, derechos de “abstención”, caracterizados por una pasividad del estado, el que se ve así obligado a no turbar su goce y disfrute. responden, por tanto, al mandato del liberalismo.
De manera tal que el poder estatal, en la concepción liberal a ultranza entonces imperante, debía primordialmente omitir cual- quier conducta que alterase el goce o disfrute de estos derechos, antes que realizar una actividad positiva en orden a su concreción y promoción.
Continúan los doctrinarios destacando que fue junto con el constitucionalismo social, aparecido con posterioridad a la revo- lución Industrial, cuando cambió la óptica que había gobernado durante la etapa anterior: ahora, los apodados “derechos de segun- da generación” implican obrares positivos de parte del estado, es decir, obligaciones de dar.
Cuando ya en el siglo XX las declaraciones demolibera- les sufren el embate de quienes las tildan de promesas vacías o inocuas —porque advierten que un mínimo de condiciones so- cioeconómicas es indispensable para tener acceso al disfrute de los derechos—, aparece la línea tuitiva de los sectores humanos económicamente débiles u oprimidos. esta nueva manifestación es expresada por el constitucionalismo social, el cual propende a un estado de justicia social o de bienestar, siendo ello necesario para subvenir a las necesidades vitales de los individuos y para planificar, controlar y supervisar el proceso económico de pro- ducción y distribución de bienes y riqueza.
Es así que con el constitucionalismo social se reconoce un listado de derechos que abarca los derechos del trabajador, de los gremios, de la familia, la regulación del orden económico, de la seguridad social, de la asistencia sanitaria y, más cercanamente en el tiempo, del patrimonio histórico y artístico.
Los derechos humanos de segunda generación están relacio- nados con la igualdad. son fundamentalmente derechos sociales, económicos y culturales en su naturaleza. aseguran a los diferen- tes miembros de la ciudadanía igualdad de condiciones y de trato. Incluyen el derecho a ser empleados, a la educación, los derechos a la vivienda y a la salud, así como la seguridad social y las pres- taciones por desempleo.
Y finalmente los derechos de tercera generación hacen referencia a valores que superan los meros derechos individuales, en donde el poder público tiene que desplegar políticas activas para que esos derechos puedan ser disfrutados. estos son los más recientes e inci- pientes dentro de las formulaciones sobre derechos humanos.
La tercera generación de derechos, surgida en la doctrina en la década de 1980, se vincula con la solidaridad. Los unifica su incidencia en la vida de todos, a escala universal, por lo que pre- cisan para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario.Normalmente se incluyen en esta categoría derechos heterogéneos, tales como el derecho a la paz y a la cali- dad de vida o las garantías frente a la manipulación genética.
Este grupo de derechos fue promovido a partir de los años ochenta para incentivar el progreso social y elevar así el nivel de vida de todos los pueblos. entre otros, se destacan los derechos relacionados con el uso de los avances de las ciencias y la tecno- logía, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente sano, los derechos del usuario y del consumidor, el desarrollo que permita una vida digna y el libre desarrollo de la personalidad.
En definitiva, el reconocimiento de esta nueva categoría de derechos, sumado a los daños masivos a los que las personas se ven expuestas con el avance de la ciencia y de la tecnología, conlleva la necesidad de asegurar el acceso a la justicia median- te cauces que exceden los tradicionales contornos del proceso judicial. es así que este deber primario del estado de garantizar a todos los ciudadanos el debido proceso se encauza en los procesos colectivos.
Después de este enjundioso introito doctrinario, los autores se adentran en lo que llaman la modalidad más novedosa para nuestro derecho, que fue incorporada por la reforma constitucional llevada a cabo en el año 1994, y que es el denominado “amparo colectivo”, expresamente previsto el art. 43 de la constitución Nacional.
La doctrina elaborada por el alto tribunal en materia de tutela de derechos de incidencia colectiva se basa, destacan, en dos puntos centrales: por un lado, la necesidad de que exista una causa o controversia que habilite la intervención del Poder Judicial; por el otro, la distinción entre derechos de incidencia co- lectiva y derechos de carácter patrimonial, puramente individuales.
Citan al respecto al juez lorenzetti, que en materia de legiti- mación procesal dijo que corresponde, como primer paso, delimitar con precisión si la pretensión concierne a derechos individuales, a derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes co- lectivos, o a derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. en todos ellos, la comprobación de la existencia de un caso es imprescindible, ya que no se admite una acción que persiga el control de la mera legalidad de una disposición.
De manera tal que la exigencia de que exista una causa o controversia judicial es un principio cardinal de nuestro sistema judicial. de acuerdo a lo establecido en los arts. 116 de la c.N. y 2° de la ley 27, los tribunales judiciales sólo ejercen su po- testad jurisdiccional en el marco de una causa o controversia judicial concreta. en este orden de ideas, la jurisprudencia de la corte suprema enseña que son causas judiciales “aquellas en las que se persigue en concreto la determinación de derechos debatidos entre partes adversas, cuya titularidad alegan quienes los demandan”.
Entre las diversas clasificaciones que se hacen de los proce- sos de incidencia colectiva, interesa distinguir —a los efectos de ordenar la jurisprudencia existente sobre esta figura— las accio- nes “populares” de los llamados “intereses difusos”.
Respecto de las primeras, en la jurisprudencia de la corte suprema de Justicia de la Nación existen precedentes dictados antes y después de la reforma constitucional de 1994, en los cuales se rechazaron pretensiones colectivas promovidas por personas que invocaban la calidad de ciudadanos (interés simple). en este punto, desde sus comienzos el máximo tribunal del país ha exigido que quien reclama judicialmente acredite un especial in- terés que sea merecedor de tutela; ello, a los fines de tener por configurada una causa judicial y poder así habilitar la jurisdicción.
En los precedentes orientados en esta línea, el alto tribunal recurrió a las siguientes líneas argumentales: 1) es necesaria la demostración de un perjuicio concreto; 2) la calidad de ciudadano es un concepto de notable generalidad y su comprobación no basta para demostrar la existencia de un interés “directo” e “inmediato” que permita tener por configurado un “caso contencioso”; 3) para que la justicia ejerza la jurisdicción es requisito la existencia de un caso o controversia; 4) la parte tiene la carga de demostrar la existencia de un interés jurídico suficiente o que los agravios invocados la afectan de manera suficientemente directa o sustan- cial, y 5) admitir la legitimación en un grado que la identifique con el interés de todos los ciudadanos deformaría las atribuciones del Poder Judicial en sus relaciones con el Poder ejecutivo y el Poder legislativo.
De manera tal que la palabra “afectado” sobrepasa la idea tradicional de damnificado directo o inmediato, que alude a “una persona o cosa que ha sufrido un grave daño de carácter colec- tivo”; en cambio, comprende a “quien puede ser menoscabado, perjudicado o influido desfavorablemente” por una determinada actividad u omisión y, por lo tanto, comprende a quien ha sufrido un daño concreto y a quien puede ser dañado. en estos casos, el actor tendrá que demostrar prima facie que se ve afectado de alguna manera por la degradación ambiental cuya cesación y re- composición reclama, aunque tal demostración debe ser exigida con menor rigor que en otros supuestos ordinarios de responsabi- lidad. es decir que el afectado debe exhibir una concreta situación que respalde per se el derecho a la tutela judicial efectiva.
En el mes de marzo de 2008 se sancionó la ley 26.361, la cual introdujo modificaciones de suma importancia en el régimen legal de defensa del consumidor.
Con la sanción de esta ley, el sector doctrinario que partici- paba del criterio según el cual el hecho de que la actuación fuese en defensa de intereses patrimoniales individuales no constituía obstáculo para el reconocimiento de la legitimación de la asocia- ción con tal de que esta se encontrase autorizada para funcionar por la autoridad de aplicación, vio reforzada su postura. ello, a raíz del nuevo art. 52 sobre legitimación activa.
Concluyen los autores señalando que la corte suprema de Justicia de la Nación reconoce en el fallo “Halabi” tres categorías de derechos, dentro de las cuales interesa destacar la segunda y la tercera, conformadas —respectivamente— por los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y por los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses indivi- duales homogéneos, cuya defensa está a cargo del defensor del Pueblo de la Nación, de las asociaciones que concentran el interés colectivo y del afectado.
Se destaca en la obra que, a partir de la reforma constitu- cional del año 1994, los derechos de incidencia colectiva están expresamente protegidos mediante la figura del amparo. Ello surge del art. 43 de la c.N., en consonancia con lo dispuesto en el art. 25.1 de la convención americana de derechos Humanos. Por su parte, la corte suprema de Justicia de la Nación se ha encargado de ampliar la protección de la que gozan estos dere- chos de incidencia colectiva, señalando que la acción de amparo no es la única vía de protección que poseen, sino que también procede la acción meramente declarativa.
Los autores, en definitiva, efectúan la siguiente distinción. la reforma constitucional de 1994 otorgó protección a los in- tereses difusos, a los que denominó “derechos de incidencia colectiva”, caracterizados como aquellos que no pertenecen a una persona determinada o a un grupo unido por un vínculo o nexo común previo, sino que corresponden a un sector de perso- nas que conviven en un ambiente o situación común, razón por la cual la satisfacción del interés respecto de uno de ellos importa la de todos.
Ahora bien, dicen, la propia corte suprema en el fallo “Halabi” incluyó dentro del art. 43 una tercera categoría “confor- mada por derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. tal sería el caso de los derechos per- sonales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores como de los derechos de sujetos discriminados”.
De manera tal que en la actualidad la tutela de los derechos de incidencia colectiva, en sus dos manifestaciones, es encauzada mediante las acciones de clase, que abarcan un tipo de conflicto que por su complejidad requiere una mayor amplitud de debate y prueba.
Por ello, fundar una legitimación colectiva en normas cons- titucionales como el art. 43 es muy diferente de lo que sucede en la class action, en la que una persona acude ante un tribunal en representación de una clase, sin autorización o mandato, existien- do normas expresas que tienen por finalidad que se represente adecuadamente a todos los miembros del grupo, siendo necesario que la representación recaiga en uno o varios de los perjudicados por el hecho originador del daño.
En definitiva, la incidencia colectiva se manifiesta no sólo cuando el derecho en juego es de los denominados “difusos” —indivisibles, que no pertenecen a un individuo particular—, sino también cuando se afecta a una pluralidad de sujetos en sus derechos individuales. se trata, entonces, de la distinción entre los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y los derechos de incidencia colectiva referentes a de- rechos individuales homogéneos.
El reconocimiento de los derechos colectivos y de las garan- tías para su defensa ha sido incorporado fundamentalmente en los textos constitucionales, pero no ha sucedido lo propio en el nivel infraconstitucional. es por ello, resaltan los autores, que la corte suprema de Justicia de la Nación, echando mano nuevamente a la creación pretoriana para llenar el vacío legal imperante en la materia, y haciendo uso una vez más de esa fuerza creadora que ostenta el Poder Judicial desde el famoso caso Marbury v. Madison, incorpora en nuestro derecho positivo la acción de cla- se, como un remedio tendiente a la protección de los derechos individuales homogéneos. ello tuvo lugar mediante el dictado de la sentencia en la causa “Halabi”.
Antes de dicho precedente, citan Nallar y de arrascaeta, tanto la doctrina cuanto la jurisprudencia discrepaban en punto a admitir la posibilidad de defender colectivamente derechos individuales o divisibles. de hecho, uno de los temas más polémicos que surgió a consecuencia de la reforma constitucional de 1994 fue determinar si la categoría de los derechos de incidencia colectiva en general incluía a los derechos individuales homogéneos.el fallo “Halabi” pone fin al debate doctrinario y jurisprudencial referido, despejan- do toda duda sobre la cuestión y abriendo un nuevo panorama para las acciones de clase en nuestro derecho positivo.
Los autores, después de esta meticulosa reseña, sostienen que la recepción expresa de la acción de clase dentro del ordena- miento legal constituiría un avance importantísimo en la defensa de los derechos que afectan a un número importante de indivi- duos, yello se vislumbra con mayor claridad en los supuestos de daños menores, en los que las grandes empresas lucran mediante la especulación de que los damnificados no iniciarán acciones le- gales debido a la escasa entidad del daño.
Reconocen que si bien es cierto que el procedimiento de la acción de clase se contrapone en muchos aspectos a los principios que regulan el proceso individual tradicional en nuestro derecho, también lo es que dichos principios no son pétreos, sino que pue- den y deben adaptarse a los mecanismos tendientes a la defensa de los derechos de las personas, cuando una importante cantidad de ellas se ve afectada por el accionar antijurídico de un mismo agente dañador. Ello, sin caer —claro está— en un abuso del sistema que culmine en definitiva con el desconocimiento de garantías de raigambre constitucional, como lo es la defensa en juicio de las partes involucradas.
Sabido es que uno de los grandes problemas que enfrenta el sistema judicial en nuestro país radica en el excesivo lapso que insume la tramitación de un juicio, sumado a ello los gastos causídicos que en oportunidades diluyen la practicidad del pleito, dados los escasos montos involucrados. en este orden de ideas, la acción de clase se convierte en un mecanismo adecuado para satisfacer los múltiples reclamos de quienes, de otra manera, encontrarían más de un obstáculo para la promoción de demandas individuales.
E incluso cuando los intereses en juego sean de una envergadura tal que justifiquen la interposición de demandas individuales, la acción de clase permite concentrar en un solo juicio los reclamos de muchas personas, reduciendo los costos y acelerando los tiempos, con las consiguientes ventajas que ello conlleva no sólo para la clase actora, sino también para la parte demandada.
Es que el art. 43 de la c.N. es claramente operativo, por lo que los jueces deben darle eficacia cuando resulte evidente no sólo la afectación de un derecho fundamental de la persona, sino tam- bién la privación o dificultad del acceso a la justicia de su titular. la propia corte suprema ha dicho que “donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la acción de amparo, pues las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo he- cho de estar en la constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías”. Es que la eficacia de las garantías sustantivas y procesales debe ser armonizada con el ejercicio individual de los derechos que la constitución Nacional también protege como derivación de la tutela de la propiedad, del contrato, de la libertad de comercio, del derecho de trabajar y de la esfera privada, todos derechos de ejercicio privado. Por otro lado, también debe existir una interpretación armónica con el derecho a la defensa en juicio, de modo de evitar que un indi- viduo se vea perjudicado por una sentencia que fue dictada en un proceso en el que aquel no ha participado.
En definitiva, no puede sino concluirse que la existencia de un vacío legal en la materia no resulta en modo alguno óbice para que los jueces arbitren todas aquellas medidas que estimen apropiadas, oportunas y conducentes para una protección y salva- guarda efectiva de los derechos constitucionales cuyo ejercicio se ve impedido o dificultado. Basta así la sola verificación inmediata de la existencia de un gravamen o amenaza a dichos derechos para que las garantías constitucionales deban ser restablecidas por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que lo reglamente.
Pues bien, en el caso de los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, no hay otra manera de de- fenderlos que no sea mediante una demanda colectiva, encauzada a través de la acción de clase. Y cuando se trata de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homo- géneos, ocurre que muchas veces el escaso monto económico involucrado no justifica la promoción de una acción individual, por lo que —una vez más— la demanda colectiva se erige en la única vía apta para salvaguardar los derechos conculcados.
Otra importante circunstancia que no puede dejar de ponde- rarse a la hora de hallar un fundamento a este tipo tan particular de proceso, que conlleva un salto teórico radical en relación al proceso individual tradicional, reside en la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias o disímiles respecto de un mismo demandado y a causa de un mismo hecho. Ocurre que cuando se está frente a un daño colectivo la existencia de múl- tiples damnificados da lugar a la iniciación de tantas demandas como víctimas haya. la acción de clase evita esta posibilidad nada deseable en un sistema en el cual la seguridad jurídica cobra un rol preponderante.
Las acciones de clase son, así, un instrumento útil para ga- rantizar el acceso a la justicia a una gran cantidad de afectados que no encontrarían justificativo para litigar individualmente. en este último orden de ideas, la ventaja de la acción de clase como mecanismo tendiente a garantizar el acceso a la justicia, se vislumbra con meridiana claridad en los supuestos de daños menores, en los que la escasa entidad del monto comprometido desalienta la promoción de una acción.
Con esta orientación, las acciones de clase facilitan y for- talecen la capacidad negociadora de la parte reclamante, muy débil frente a las grandes empresas demandadas, generalmente con una posición dominante en el mercado.así, la acción de clase une acciones separadas sobre una misma cuestión, que por los altos costos procesales serían impracticables si se litigara indi- vidualmente. Permite la amplificación de acciones de un monto reducido y que requieren una prueba compleja y muy costosa en la producción. disminuye los costos del litigio y permite traer mayores recursos y un asesoramiento jurídico especializado y de alto nivel. al mismo tiempo, fortalece la posición negocia- dora del actor.
Entra aquí a jugar la garantía del debido proceso. A los fines de no vulnerarla, la única forma de imponer los efectos de la de- cisión a sujetos que no participaron en el debate es mediante un riguroso control del representante.
Por último, los autores se adentran en el tratamiento de la acción de clase pasiva, supuesto en que la clase involucrada en una acción colectiva puede no sólo ser la parte actora, sino tam- bién la parte demandada.
Y finalizan con el tratamiento del problema de los honora- rios de los abogados y las costas, toda vez que al ser los procesos colectivos muy complejos es común la existencia de numerosas incidencias que pueden derivar en importantes montos en con- cepto de honorarios. esta circunstancia, advierten, deriva en la necesidad de dictar normas especiales que regulen estos temas.
En definitiva, Nallar y De Arrascaeta han encarado una obra, a mi criterio, brillante y medulosa, que no sólo será de lectura cautivante para quienes tenemos apasionamiento por este nove- doso tema, sino que también servirá de guía ineludible a quienes tengan la ímproba y urgente tarea de legislar sobre un tema de tanta importancia social.

Ricardo Gustavo Recondo
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal